Endurecen Delitos Ambientales Corporativos en México

Ampliación de la responsabilidad penal corporativa

La iniciativa incorpora todos los delitos ambientales al catálogo del artículo 11 Bis, lo que permite imponer sanciones penales a personas morales por cualquier conducta ambiental tipificada. Asimismo, se prevé que la Fiscalía investigue de oficio el incumplimiento del debido control organizacional, añadiendo un nuevo estándar de diligencia para empresas y sus administradores.

Además, se reconocen como delitos generadores de responsabilidad corporativa diversas conductas relacionadas con la interacción con la autoridad (como desobediencia, resistencia durante inspecciones o quebrantamiento de sellos) que suelen presentarse en procedimientos de PROFEPA, CONAGUA, ASEA, autoridades estatales y municipales.

Incremento generalizado de penas

El dictamen propone elevar las penas mínimas y máximas para la mayoría de los delitos ambientales, pasando del rango actual de 1 a 9 años a un nuevo margen de 2 a 10 años de prisión. Este ajuste abarca delitos relacionados con manejo ilícito de residuos peligrosos, contaminación de aguas nacionales, cambio de uso de suelo forestal, aprovechamientos ilícitos de vida silvestre y actividades peligrosas sin medidas de prevención.

La Comisión consideró que este aumento cumple con el principio de proporcionalidad, y responde a una tendencia internacional y local de sancionar con mayor severidad los delitos ambientales.

Nuevos delitos: greenwashing, falsedad técnica y comercio de emisiones

Uno de los elementos más relevantes para el sector corporativo es la creación de nuevos tipos penales, entre ellos:

1. La falsedad cometida por auditores o peritos ambientales.
2. El incumplimiento deliberado de medidas técnicas o correctivas ordenadas por autoridad.
3. La simulación o falsedad en información ambiental o de sustentabilidad (greenwashing penal).
4. La simulación en sistemas de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas conductas podrían implicar responsabilidad tanto para personas físicas como para empresas que elaboran reportes ESG, contratan terceros para certificaciones o participan en mercados de carbono.

Endurecimiento de sanciones por desobediencia y quebrantamiento de sellos

La iniciativa también plantea una armonización con los códigos penales estatales, donde la mayoría ya sanciona con prisión el quebrantamiento de sellos y la desobediencia a la autoridad. Bajo el nuevo esquema federal, continuar operaciones pese a una clausura, incliso cuando los sellos sigan colocados, podría configurarse como delito. Este fortalecimiento responde a la alta incidencia de conductas que obstaculizan medidas de seguridad ambientales o sanitarias.

Escrito por Mauricio Llamas, Mauricio Villegas, y Sofía de Llano.